Interés General
Edición 476
Planta transformadora de EPEC. Sin máscaras
29 JUNIO, 2012 | 476,
El 25 de junio se cumplieron dos años desde el controvertido inicio de las obras en el terreno colindante al extremo Sur de la ciudad. Una mirada retrospectiva de los protagonistas y grandes ausentes.
Si se cumple con lo prometido, hoy se llevaría a cabo en el Centro Cultural de Tanti un encuentro entre las autoridades legislativas de la zona Sur y Oeste de Punilla y miembros departamentales de la Unicameral provincial, para abordar la crisis energética imperante; en coincidencia, se están cumpliendo dos años de la polémica decisión de construir una subestación de transformadores en un predio contiguo al Polideportivo y al Parque Recreativo Educativo Protegido de Sol y Río.
Ninguna de las partes involucradas en esta problemática se opone a la necesidad de una nueva planta abastecedora de energía, que se sume al actual establecimiento de calle Paraná; sin embargo, los aspectos que se cuestionan tienen que ver con las probables implicancias sobre la salud y el medio ambiente que las radiaciones electromagnéticas producirían.
La propuesta mayormente consensuada durante estos meses de lucha reside en la relocalización de dicho emprendimiento, la cual parece quimérica en virtud de que las obras se encontrarían concluidas y aguardando la habilitación correspondiente para su funcionamiento, por parte de las autoridades de la Municipalidad de San Antonio de Arredondo.
En esta nota, «El Bamba» pasa revista a la evolución del conflicto a través de los testimonios de quienes estuvieron y están involucrados.
A modo de crónica
Recordemos que, casi coincidiendo con el Día Internacional contra la contaminación electromagnética, en junio de 2010 se iniciaron obras de limpieza en el predio aledaño al Parque Recreativo Educativo Protegido Sol y Río. Los vecinos del Sur se declararon en estado de alerta y movilización ante la inminente instalación de una subestación de transformadores de EPEC. En tanto que el ambientalista Juan Carlos Paesani presentaba dos cartas ante la Secretaría de Ambiente y Defensoría del Pueblo de la provincia denunciando el desmonte y solicitando la documentación que lo avaló.
En agosto, vecinos autoconvocados bajo la denominación «Sol y Río de Pie» comenzaron gestiones ante distintas reparticiones gubernamentales locales y provinciales, las cuales incluirían pedidos de audiencia, recursos de amparo, marchas, jornadas culturales y sociales tendientes a concienciar a la población.
Ya en octubre, tres madres iniciarían una huelga de hambre que se extendería por 44 días, y como medida solidaria, se instalaría una «Carpa de la dignidad» en los jardines municipales.
En diciembre, la comuna de San Antonio libró una orden de suspensión de obras; pero EPEC siguió adelante con la construcción. La asamblea de vecinos autoconvocados Sol y Río de Pie decidió por mayoría «el levantamiento de la exitosa medida consistente en la instalación de la carpa en la Municipalidad, en el entendimiento de que debe cerrarse este ciclo victorioso, para centrarlo en otras acciones y a la espera del resultado de las instancias judiciales entabladas». A la fecha, siguen esperando…
Protagonistas y ausentes de la lucha
«Tuve la oportunidad de llegar primero al predio y ver cómo estaban destruyendo los árboles y me dio mucha bronca». El ambientalista ingeniero Juan Carlos Paesani (titular de FUNEAT) recordó con profunda angustia el momento inicial de la lucha. Junto al entonces presidente del centro vecinal de Sol y Río Roberto Falcón y el vecino Sergio Bailone (militante en organizaciones de defensa por los derechos humanos) concurrieron a la Subcomisaría de San Antonio de Arredondo a efectuar la denuncia que marcaría el precedente para todas presentaciones judiciales que se realizaron con posterioridad.
«La policía se apersonó al predio y ante la ausencia de documentación que avalara el desmonte las máquinas se tuvieron que retirar del lugar. Luego de dos meses comenzaron las obras sin escuchar el reclamo de los vecinos».
Desde ese momento, comenzó un sinuoso y complicado camino de marchas y contramarchas entre residentes del barrio, organizaciones ambientalistas y vecinos que asistieron y participaron en asambleas, pedidos de informes y presentaciones judiciales. Se autoconvocaron bajo la denominación «Sol y Río de Pie».
Ante la negativa de informes de impacto ambiental por parte de EPEC, un Concejo de Representantes dubitativo en sus decisiones y un Intendente que miraba para otro lado, se realizó la mayor huelga de hambre que registró la historia de Villa Carlos Paz (44 días); en cuanto a participación social, la «Carpa de la Dignidad» permaneció frente a la Municipalidad durante ese tiempo. Susana Bettini, vecina autoconvocada rememoró aquellos días: «La lucha fue muy ardua pero enriquecedora, porque mucha gente y todas las escuelas de la ciudad se acercaron a la carpa, creo que no tuvo precedentes en la Villa».
Sin embargo, y aunque la causa era común, las fisuras internas de este grupo agitó los ánimos: «Después de 44 días de hambre todos éramos `Sol y Río de Pie´ y logramos que se evitara por parte de San Antonio la habilitación que Patricia Cicerone había dado para que la gente de EPEC pudiera trabajar», comentó Bettini.
«Duró poco nuestra alegría porque a las pocas horas nos mandaron la Infantería desde la Provincia; por lo tanto, se retomó la obra. Por Asamblea se decidió continuar con la carpa, que coincidía con el día de la fiesta de apertura de temporada».
Susana también sostuvo que la fractura entre vecinos obedeció a los «intereses personales y políticos partidarios de algunos huelguistas que querían levantar la carpa y hoy ocupan puestos en la actual gestión».
Desde entonces, aparece la división y quedaron conformados dos fracciones: «Sol y Río de Pie» y «Sol y Río en Lucha».
Marcela Fernández, actual directora del Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad y vecina autoconvocada también explicó los motivos de la ruptura: «Los grupos humanos no siempre ven el mismo camino para llegar al objetivo común; en su momento hubo una asamblea, se votó una decisión y hubo gente que no estuvo de acuerdo con esa determinación. Siempre estuve unida a mi gente.
En cambio, el ingeniero Paesani decidió separarse porque entiendo que hay personas más extremistas que otras; algunos son funcionales a la causa de otros. Para mí el aspecto legal es el más importante y vamos a acudir a todas las instancias porque tenemos que sentar precedente».
En tanto, el titular de FUNEAT sostuvo que «en la actualidad a este tema de la Planta lo seguimos directamente desde la Fundación Educación, Ambiente y Trabajo. No pertenecemos a ninguna de las dos divisiones».
Susana Bettini expresó que «junto con Viviana Altamirano y Ernesto Moyano, que estuvo detenido en el marco de esta causa, pertenecemos al mismo grupo. En este momento debo destacar que por lo menos las autoridades municipales actuales, como el intendente Esteban Avilés y el concejal Walter Gispert nos han recibido y existe un diálogo más abierto que con Carlos Felpeto, que jamás nos escuchó».
Paesani, Fernández y Bettini coincidieron en que los grandes ausentes fueron «los funcionarios de EPEC, porque en forma autoritaria negaron todos los informes de impacto ambiental sin cumplir con los procedimientos que la ley estipula; también el entonces gobernador Juan Schiaretti desoyó el reclamo de muchos vecinos que le comentaron la problemática cuando vino a visitar el Hospital Sayago.
«Pese a la visita en dos oportunidades por parte de Raúl Montenegro no se acercó ningún funcionario de Medio Ambiente. No basta la asistencia a las reuniones, sino el diálogo y el cumplimiento de las leyes», sentenció Paesani.
«La actitud de la prestataria es instalar la Planta y no plantea opciones; es imposible el diálogo cuando no se puede negociar», afirmó Fernández.
«Los que tienen que dar respuestas no lo hacen: ni EPEC ni la Secretaría de Medio Ambiente, que es una secretaría de cosmética ambiental», enfatizó Bettini.
«Por estos días se está cortando mucho la luz y cuando llamás a la empresa te contestan que este problema se va a solucionar cuando la planta de San Antonio esté funcionando: creo que se instaló para dar energía a emprendimientos millonarios que vienen a la zona Sur de Punilla como San Antonio y Las Jarillas».
En ese sentido, Paesani recordó: «Una vez vinieron Raúl Costa y el dueño de GAMA S.A. a ofrecerle a los vecinos de Sol y Río terrenos del lado de San Antonio para que se trasladen a vivir allí; pero tampoco se puede porque es una zona de bosque nativo. Necesitábamos una presencia más fuerte de nuestros concejales y esa falta de compromiso sigue vigente en esta nueva gestión».
Susana Bettini reconoció el apoyo de la legisladora provincial Liliana Olivero: «Siempre nos acompañó y puso a disposición su agenda para contactarnos con quienes nos podían ayudar; el INADI también nos respaldó; el legislador Rodrigo Serna tuvo actitudes de acercamiento y en general toda la ciudadanía estuvo de nuestro lado.
En cambio, el propio Concejo de Representantes jamás bajó a la carpa como cuerpo legislativo».
En tanto, Marcela Fernández apuntó sus críticas a la jefa comunal de San Antonio, a Schiaretti y el ex Intendente de la Villa: «Patricia Cicerone firmó la factibilidad del uso del suelo sin el consentimiento de la Comisión como lo establece la ley orgánica de municipios.
Ella ahora no quiere asumir sola el peso de la decisión de autorizar el cableado de alta tensión. Schiaretti, que supuestamente tenía que venir a inaugurar la Planta no vino a sacarse la foto porque sabía que era un `quemo´. El Municipio fue demandado en su momento por omisiones; Carlos Felpeto no hizo nada a nivel legal. Avilés no tiene posibilidad de clausurar la planta, San Antonio sí».
La planta está prácticamente terminada, hace poco se ha sumado Villa Independencia, barrio al que se convocó en su momento porque según «Sol y Río en lucha», «desde la planta iban a salir tendidos de líneas; inicialmente fueron muy pocas las personas que participaron. Hoy se está moviendo mucho el centro vecinal», expresaron.
Los riesgos
La planta contaminaría, y no se habrían respetado los estándares de calidad ni las normativas vigentes, dicen vecinos u ONGs ambientalistas: «El pueblo no tiene la culpa de la crisis energética y de la cantidad de años que pasaron sin inversión en una empresa que es deficiente.
Existen medidas de seguridad que la empresa no toma por una cuestión de costos», afirmó Fernández.
«La planta es ilegal, los campos electromagnéticos son dañinos y nunca se hizo audiencia pública. Tampoco se hicieron estudios de impacto ambiental y los vecinos seguimos reclamando por lo mismo», subrayó Bettini y agregó: «No se está respetando el principio precautorio que dice que cuando no hay certeza que algo daña, ante esa duda debe protegerse a la persona. Por eso queremos la planta lejos de la gente».
Poncios Pilatos
«En general, no es que hubo más o menos involucrados sino más bien que ningún político quiso tener algo que ver», indicó Danilo Castelli, miembro del Foro Urbano Ambiental Permanente y seguidor de la lucha.
Lo que es más, «me he convencido que el Estado en su totalidad, Intendente, concejales y Director de Obras Públicas, entre otros, no se ocuparon del asunto en la debida forma poniendo como excusa que la planta está fuera de la jurisdicción de Carlos Paz», agregó Alejandro Eguiguren, gerente general de la Coopi (en concepto de vecino de Villa Independencia).
Cuando el Concejo de Representantes le solicitó información al Ejecutivo sobre la existencia del EIA requerido para este tipo de emprendimientos, éste respondió que la obra se realizaba en el ejido de San Antonio y que contaba con la autorización de la Secretaría de Ambiente.
De hecho, en diálogo con este medio, el por entonces intendente Carlos Felpeto mantuvo su postura: «Primero, la planta está fuera del ejido de la Municipalidad; y segundo, siempre le manifesté al anterior Directorio de EPEC que lo podrían haber hecho con un mejor EIA y con menos riesgo para la población en un lugar que estuviéramos todos de acuerdo.
Pero para cuando me pronuncié, ya estaban hechas las bases para la nueva planta».
«Lo ambiental no puede entenderse en términos jurisdiccionales», contrapuso la fallecida jurista Paola Robert, que por aquel entonces acompañaba la lucha de los vecinos; y fue más allá despertando la sospecha de que el Secretario de Obras y Servicios Públicos de nuestra ciudad había otorgado una factibilidad de obra en junio de 2009, aval negado por Felpeto. «En mi gestión nunca pudimos haber firmado nada porque nada teníamos que autorizar».
La Agencia Córdoba Ambiente, por su parte, jamás proveyó a «Sol y Río de Pie» la documentación relativa al emprendimiento; mientras que Sebastián Roca, subjefe de la Delegación Zona I de EPEC aseguró que desde la empresa «ya hemos realizado todas las presentaciones cumplimentando con lo que solicita la ley para este tipo de instalaciones».
Finalmente, desligando de responsabilidades también a Patricia Cicerone, el asesor letrado de la comuna de San Antonio, Edgar Larre, señaló: «Cuando en su momento se otorgó la autorización del uso del suelo fue porque la legislación no planteaba ningún impedimento. EPEC tuvo que cumplimentar con una serie de condiciones, adecuándose a la Ley de Medio Ambiente de la provincia, la cual establece que para esta clase de obras no hace falta EIA, sino un aviso de obra.
Los vecinos están haciendo una mala interpretación de los hechos haciendo prevalecer la ley nacional.
«Además, tenemos la resolución de la Secretaría de Ambiente, que también estableció una serie de requisitos que la empresa está cumpliendo y como la vía que se utilizó para reclamar fue la judicial, simplemente esperaremos el dictamen del juez», añadió despertando el malestar de la abogada patrocinante de la causa.
Marcela Fernández, no acordando con los vericuetos legales, afirmó ante la posibilidad concreta de que la jefa comunal pudiera parar las obras que «sin perjuicio del trámite judicial, Cicerone puede frenarlas de inmediato porque el derecho administrativo va por otro carril.
Ellos, con su poder de policía, pueden revocar esa factibilidad que inclusive es viciosa y no está debidamente fundada».
Dimes y diretes
Hoy en día, muchos son los funcionarios que pronuncian su «repudio» para con la instalación de la planta y la falta de medidas tomadas oportunamente; sin embargo, en la mayoría de los casos, se trataría de las mismas personas que ocupaban cargos públicos por aquel entonces y que, en palabra de los damnificados, «se mantuvieron a distancia».
Por un lado, a pesar de que el ex Intendente manifieste «he hecho lo que tenía que hacer en su momento», otra es la percepción que tienen los vecinos y demás intervinientes en el conflicto.
A modo de ejemplo, Rodrigo Serna, legislador provincial en 2009, subrayó: «Felpeto estuvo escondido durante todo el debate de la planta, lo que nosotros le pedíamos era que más allá de una definición se inmiscuyera en un problema compartido con la localidad de San Antonio de Arredondo. Nunca se metió, nunca quiso saber nada».
En cuanto al Concejo de Representantes, el reclamo unánime también gira en torno a la falta de apoyo y medidas concretas. «Los concejales no se acercaron al barrio ni asistieron a las asambleas y cuando los vecinos iban a las instalaciones legislativas, los que más respondieron fueron Esteban Avilés y Sebastián Guruceta», recordó Castelli.
Igualmente, cabe destacar que fueron precisamente ellos dos quienes comunicaron que los puntos en que se proponía que el Ejecutivo arbitre los medios necesarios para impedir el transporte de residuos peligrosos y se solicitaba al asesor letrado de la Municipalidad que apoye la apelación de la denegatoria al amparo presentado por los vecinos, no eran tratados debido a las notas enviadas por distintas instituciones, entre ellas la Asociación Hotelera, avalando la realización de la obra.
Respecto de Adrián Lizarriturri, el ex legislador consultado denunció que «siempre tuvo un doble discurso ya que depende del partido que a nivel provincial está llevando la obra». Mientras tanto, el concejal de Unión por Córdoba apoyó este año el proyecto que propiciaba «declarar persona no grata por falta de solidaridad y buena vecindad» a Cicerone y, ahora finalizada la obra, cerrar el ejido urbano con un mural en calle Spilimbergo.
Para culminar, Carlos Felpeto remarcó que «los tribunales siempre están abiertos para iniciar una causa, pero hay que tener pruebas fehacientes para hacerlo»; y los ciudadanos carlospacenses cuyas casas colindan con la subestación, aseguran tener dichas evidencias y continuar esperando «el resultado de las instancias judiciales entabladas, entre ellas, la acción penal por probable comisión de delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y delitos ambientales».
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