Los planes para las minas de uranio
La energía nuclear no le es indiferente a la Argentina. Por lo menos formó parte del primer pelotón de países que lanzaron su carrera hacia la exploración de la energía nuclear.
Ya en los ’40 fueron hallados los yacimientos de uranio y en 1950 comenzaron proyectos que terminaron en la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Centro Atómico Bariloche y con avances concretos como la obtención de concentrados y su purificación nuclear.
La razón de este comienzo plagado de ideas, según la opinión de un Gerente de CNEA, el físico Gabriel Barceló, se debió a “una época en la que teníamos una gran confianza en nosotros mismos y había grandes objetivos”.
Nada hacía pensar que el año 2000 iba a encontrar a la CNEA al borde de la subsistencia con un presupuesto que sólo alcanzaba para sueldos, después de soportar las embestidas de los ministros de economía de los ’90 con la vieja receta de retiros voluntarios.
Pero en el 2006, con la crisis energética como escenario, vino el relanzamiento de la política nuclear. Y para iniciar nuevos proyectos, debían cerrarse los viejos.
Fue en ese momento cuando se dirigió la mirada a la gran cantidad de lugares de producción de uranio que habían sido olvidados.
Ahora los tiempos cambiaron y para volver a extraer se necesita el consentimiento de las comunidades locales. Y ese apoyo no se va a conseguir si se muestran los viejos complejos en estado deplorable.
Siete minas en seis provincias que comenzaron a paralizarse en los ’80, requieren atención inmediata por el peligro que representan.
Por eso la CNEA gestionó el dinero necesario a través de un préstamo del Banco Mundial y así remediar estos lugares.
El nuevo objetivo no es sólo mostrar que pueden cerrarse en forma correcta las minas peligrosas, sino que es necesario volver a producir. Porque el valor del kilo de uranio pasó de 25 a 150 dólares en diez años (la caída del muro también tiró el precio internacional del mineral) y, además, en el mundo entero se está volviendo a su utilización para abastecer las centrales eléctricas.
El 27 de enero de este 2010 salió publicado en el Boletín Oficial la concesión de este préstamo que va a torcer la historia de las antiguas minas de uranio argentinas.
El Banco Mundial autorizó la ejecución de 30 millones de dólares que va a administrar el Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio (PRAMU), que depende de la CNEA, y ello debe alcanzar para remediar el terreno con las obras de ingeniería necesarias y cerrar definitivamente la mina. “¿Cómo hacemos para abrir nuevos puntos de extracción mineras si tenemos a la población en contra?”, se pregunta el Coordinador del PRAMU, el Ingeniero Aníbal Núñez.
El destino del crédito.
Hay muchas poblaciones a las que les va a costar creer, porque lo que quedó de aquellas viejas minas es muy cuestionable.
De los treinta millones de dólares, la mitad se va a gastar en Malargüe, la peor de todas las minas de uranio abandonadas, a sólo diez cuadras de la ciudad y con un dique de colas que ni siquiera cuenta con una membrana que lo aísle de la tierra, por lo que se supone que ya comenzó la filtración hacia las napas.
Malargüe, además, terminó absorbiendo lo que producía Huemul, una pequeña mina vecina que ya está cerrada, y por eso sus colas hoy suman 700 mil toneladas.
Entre tantísimos estudios al agua, ese dinero también va a servir para estudiar el riesgo de inhalación de gas radón-222 en la población cercana y desplazar las colas “a un emplazamiento cuya superficie se encuentra más alejada del nivel freático”, según afirman. El plan que ya comenzó con dinero de la CNEA, piensa coronarse en tres años cuando se encapsulen los deshechos, se tapen con tierra y se parquice el terreno.
“En Mendoza, el Estado nacional ha actuado con mucha imprudencia, ahora me dicen que se les filtró agua en los piletones, quieren hacer un “well point”, una depresión a nivel freático”, nos dice Juan Carlos Ferrero, geólogo, especialista en suelos y agua. Y agrega: “Yo les pido que hagan estudios serios, que tengan conciencia que están tratando con agua contaminada!”
Los tiempos del Banco
El dinero que se va a activar en 2010, se va a entregar por partes y las obras se van a hacer de a una por vez. Por eso, funcionarios del Banco Mundial consultados expresaron que Mendoza va a ser la primera experiencia y que luego se intervendrá una por una en las demás minas de uranio abandonadas.
Se va a “apoyar una planificación técnica, ambiental y socialmente responsable”, asegura el Banco, y se va a utilizar “el sitio de Malargüe como experiencia piloto para la implementación de las actividades de remediación”.
La decisión del Banco Mundial llevó mucho tiempo, porque los banqueros cada vez que veían la palabra uranio o energía nuclear, daban marcha atrás la cesión del dinero. Argentina tuvo que explicar muchas veces cómo y para qué lo iba a usar. Del mismo modo, los funcionarios del Banco vinieron a visitar y recorrer los lugares a remediar.
La aprobación del directorio del BM fue a mediados del 2008 pero luego se enfrió por la crisis. Según palabras de Pedro Alba, director del Banco para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, “el reacondicionamiento y restauración de minas cerradas es un proceso relativamente nuevo en la Argentina; por lo tanto hay poca experiencia en el cierre y limpieza de minas. El proyecto asegurará que la herencia de anteriores actividades y cierres del sector minero sea conducido de acuerdo a las mejores prácticas internacionales”.
Después de esta experiencia, aguardan en la lista dos sitios en Córdoba que tuvieron una gran actividad y contribuyeron también con mucho daño. Aunque aquí a los problemas planificación del Estado, se le agregó la unión con el sector privado, que no ayudó a las cosas.
En Los Gigantes, una mina de uranio justo arriba de la laguna de Carlos Paz, de donde Córdoba Capital se sirve el agua para consumo humano. Allí la empresa Sánchez Granel recibió la concesión en 1982 y operó la planta de extracción de uranio por unos pocos años, desde el ‘83 hasta el ‘89. En tan poco tiempo dejó escorias por dos millones y medio de toneladas, la mayor de todas. Y como todo lo que puede fallar termina fallando, el agua sucia de los diques bajó al lago.
En 1986, luego de fuertes lluvias, se observó una importante mortandad de peces y un color verde-gris en el río ocasionado por el vertido intencional de soluciones de ácido sulfúrico utilizado en la lixiviación del mineral. Hoy, cada vez que hay fuertes tormentas, los ambientalistas temen que afecte a la filtración de los diques.
El plan actual prevé para Los Gigantes utilizar dinero del préstamo recién después de 2011. Los que crean necesario una solución urgente deberán tener paciencia, porque tiene que esperar su turno.
Las obras también son variadas. Por un lado se buscará cerrar las filtraciones, o sea, “el ingreso de los residuos sólidos al arroyo de la Mina”, analizar el agua subterránea donde decanta y limpiar arroyos que presentan “residuos sólidos” que lo transforman “en una corriente de agua incolora en la que no se observa vida alguna”, según reconoce un documento de Evaluación Ambiental labrado por el PRAMU.
Pero el sinsentido mayor desde esta óptica es haber colocado la planta de producción de nitrato de uranio en plena Alta Córdoba, dentro del ejido urbano de la Capital, que también ostenta la mayor contaminación de aguas superficiales y subterráneas.
Todavía se discute si hay que vaciar o no este sitio que cuenta con un incesante tránsito de camiones cargados con sustancias derivadas del uranio y que llegó a producir 150 toneladas de nitrato en su año pico.
Las instalaciones pequeñas en las que se extrajo uranio presentan cuestiones relacionadas con “el cerrado de la mina ya que no llegó a afectarse el medio ambiente”, como La Rioja, San Luis o Chubut, “aunque igual hay que corresponder con atención”, reconoce Roberto Kurtz, coordinador adjunto del PRAMU.
Un buen modo de mirar este problema es primero a los diques de cola; ellos cuentan con qué responsabilidad fueron construidos y qué contienen.
Cuesta ver cómo se han construido ciertos diques para deshechos que con el abandono parecen a punto de desmoronarse. En Salta , en el valle de Tonco, las imágenes del dique aterran. Una suerte de palos y alambres enrollados cuidan deshechos propios de la extracción y sulfuro desprendidos a cielo abierto. Mientras que en los socavones que se han inundado, el uranio está en contacto con el agua.
El uso del uranio
Cada uno de los sitios que hoy se impone remediar viene de una parte importante de la historia argentina, como cuando en 1970 la política nuclear daba un salto y se decidía utilizar el concentrado de uranio como combustible nuclear, para los reactores generadores de energía eléctrica.
EL hito sucedió en 1974, cuando Atucha I se conectaba al sistema eléctrico nacional. Ese fue la gran prioridad que se le dio al uranio en este país.
Sin embargo, nunca se dispusieron medidas acordes para evitar un impacto negativo sobre el ambiente y sobre la población que a veces estaba muy próxima a la mina.
Mendoza, el nuevo árbitro.
Mendoza se ha convertido en el árbitro de la política de producción de uranio en la Argentina. El primer gran objetivo de la CNEA en esa provincia, no es sólo remediar lo que fue abandonado, sino reabrir luego Sierra Pintada, en San Rafael, una mina con gran producción histórica y quizá el único gran uranífero con su complejo armado que puede ser explotado en nuestro país.
Pero esta vez hay otro inconveniente. Las leyes de protección ambiental de Mendoza prohíben la producción en minas a cielo abierto y Sierra Pintada lo es.
La ley fue sancionada en los últimos meses en que Julio Cobos estuvo al frente de la Gobernación. Y lo que la comunidad científica mendocina le cuestiona, es que no haya diferenciado el impacto que el uranio produce en el medio ambiente, del impacto que ocasionan los metales como el plomo en el aire (que va directo a los pulmones) o el oro, que requiere del volcado de cianuro y de mucha agua para “lavar”.
Hoy, Argentina está gastando 120 millones de toneladas al año en uranio que se importa en su totalidad. Lo que implica el diez por ciento del presupuesto de 700 millones de pesos de la Comisión de Energía.
Lo concreto es que el país cuenta con dos centrales nucleares, está por comenzar a operar una tercera y se ordenó la construcción de una cuarta, de la que aún se debate las características del mineral a utilizar. Si construir una central para utilizar uranio natural bajo la forma de dióxido de uranio (UO2) -combinado con agua pesada-, o se confluye hacia el uranio enriquecido, como lo está haciendo el resto del mundo y en especial, los constructores de centrales nucleares.
“Demostramos que los deshechos del uranio se secan a la intemperie, se forma como una crosta que después se encapsula”, explica Kurtz, “no hay posibilidades de pérdidas que afecten a la gente, por eso vamos a conseguir su apoyo”.
Hacia los nuevos yacimientos.
El hallazgo de otras cuencas y la vuelta a la producción de uranio son objetivos hoy lejanos. Por eso es que recién comenzaron los estudios en provincias que permiten este tipo de minería.
Se había anunciado en Salta, pero la rentabilidad no sería suficiente. Chubut -que es todo uranio debido a la intensa actividad volcánica de antiguos movimientos tectónicos-, cuenta con leyes proteccionistas que solo permitirían una actividad minera responsable.
No está lejos decir que se ha vuelto a la etapa de exploración. El Licenciado Kurtz comenta que estos "cateos y estudios que se realizarán a partir de ahora se concretarán con fondos propios de la CNEA". Es decir, si el país hoy se decidiera a producir uranio, no podría porque no tiene minas activadas. No tiene agilizado el primer eslabón que lleva a una política nuclear independiente. Este parate de treinta años le está costando más de lo esperado. Por eso, en materia de producción, es casi como empezar otra vez de cero.
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